EL DISCURSO DEL POPULIMOS PENAL, LAS PRISIONES Y LOS PELIGROS QUE ENFRENTAN LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ACTUALIDAD.

Por: Juan José Hidalgo Huerta

“La vela no arde por nosotros, sino por todos aquellos a quienes no conseguimos sacar de prisión, a quienes dispararon camino de la cárcel, a quienes torturaron, secuestraron o hicieron ‘desaparecer’. Para eso es la vela.”

Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional

 

“Aquí no se paga el delito sino la pobreza”

Anónimo

1.- INTRODUCCIÓN.-

Como profesional del derecho, que ha ejercido por más de quince años el derecho penal y como criminólogo, me causa gran preocupación dos cuestiones: la primera, es el persistente discurso violento de la clase política por atribuirle al derecho penal problemáticas que competen al orden social, haciendo deliberadamente ver que los asuntos que deben ser resueltos por políticas públicas son el resultado de un débil sistema del poder punitivo, proceso que por cierto no es único de países Latinoamericanos sino que es como una especie de “franquicia del temor” que busca a través de la generación del miedo un control casi absoluto de la sociedades, generándose,  una inequitativa relación entre el individuo y el Estado, dándole a este último la capacidad en nombre de la seguridad de tener un exceso de leyes de carácter sancionadoras y de una vigilancia de casi todos nuestros asuntos, formándose sociedades cada vez más verticales y menos democráticas, llegando incluso en estos discursos políticos a denunciar que los derechos humanos son un obstáculo en la lucha contra la delincuencia y la seguridad de las personas, lo cual es paradójico pues el derecho penal y los derechos humanos no están para reforzar un sistema punitivo obeso sino precisamente para limitarlo y no permitir ningún exceso.

Segundo, en este afán por ser duros se han venido haciendo una serie de modificaciones a los códigos penales con el objetivo de que las penas sean cada vez más de prisión, no importa que sean cortas, ya que según esta lógica: la única forma de expiar es el encierro, produciendo con esto claras violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en lugares donde no se garantizan la vida, la salud, la integridad física, en algunos casos más extremos el acceso al agua o la comida, y en donde la pena ya no tiene un fin ulterior (prevención general o especial, retribución, rehabilitar o re socializar, etc.) sino solamente el establecer un “castigo”, siendo a claras luces no solo una violación a la Reglas Mínimas del Tratamiento de Reclusos, sino una violación a todo lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las garantías propias de las constituciones de los países donde se dan estos fenómenos.

Sin duda alguna encerrar por encerrar, provoca un hacinamiento y muchos crímenes, así como un drama individual, familiar y social que lejos de establecer una solución a la seguridad (cosa que no es de competencia del derecho penal) y a los problemas reales, su efecto es precisamente el contrario pues aumenta la necesidad de seguridad y por lo tanto de “gobernar a través del control del delito”, algo que puede y debe ser tenido en cuenta para no terminar en estados policiales absolutos y violadores de la libertad, la fraternidad y la igualdad de los ciudadanos.

Sin ahondar a profundidad vamos a analizar estos dos aspectos, el discurso del “populismo penal” y los problemas del encierro frente a los derechos humanos y haremos una recomendación final que busque garantizar la dignidad humana.

2.- FUNDAMENTACIÓN.-

Los nuevos discursos políticos nos han hecho pensar que la delincuencia se va a disminuir con el aumento de penas, aumentando  nuevos tipos penales, equipando mejor a las fuerzas de seguridad (policías, militares, guardias de seguridad) aumentando el número de fiscalías, juzgados penales o construyendo más cárceles, se ha pensado de igual manera que los espacios privados y públicos deben estar enrejados, con cámaras de seguridad, con puestos de guardianías en cada esquina, con el aumento del control tales como radares, patrulleros, mejores armas, en fin, un sinnúmero de medidas de control social estatal y privadas que lo único que han generado es un ciudadano con menos libertad, ya que, cada vez está más vigilado y por supuesto más controlado, donde dicho ciudadano solo pierde frente a la igualdad jurídica entre él y el Estado, y como si fuera poco, sin verdadera libertad interior pues cada vez tiene más miedo a un mitificado delincuente por los políticos y los medios de comunicación.

Cuando hablo de controlar, me refiero al fenómeno de “Gobernar por Medio del Derecho Penal” para mayor compresión sobre la forma de este fenómeno cito: “las características más visibles y mejor tratadas de la gobernanza a través del delito se vincula con la prácticas de sancionar, reprimir y privar la libertad de la personas. Pero gran parte de la tarea de gobernar a través del delito es equipar a los ciudadanos para la búsqueda individual (aunque valorada por la sociedad) de seguridad y justicia, y guiarlos en esa búsqueda. Ya no se trata de la tarea de imponer disciplina o sancionar. Muchos expertos en la materia han observado cómo el “miedo al delito” se ha transformado en una meta a los que orienta las acciones de gobierno; una cuestión menos tratada es a la ventaja relativa que supone apuntar hacia el “miedo al delito” y no al “delito”. La policía y las cárceles operan con personas que, por su nivel de socialización o por la confrontación social que se hace de ellas y oponen con personas que, por su nivel de socialización o por la construcción social que se hacen de ellas, oponen una elevada resistencia ante tales esfuerzos de gobernanza. En cambio, la población de los que son controlados mediante el miedo al delito y la valoración de las victimas está constituida en su mayoría por individuos más motivados brindar su conformidad.[i] (Las negrillas, las cursivas y lo subrayado es mío)

Ante lo dicho, la “Politización del Delito” siempre es una respuesta a una crisis gubernamental ante la inoperancia de resolver las causas que generan la reacción social delictual, evidentemente las estructuras políticas comenzaron a recurrir al delito como un vehículo para construir un nuevo orden autoritario.

Esta nueva corriente de masificación política del delito, alabada por los medios de comunicación ha producido que el derecho penal considerado en el estado liberal moderno de  “ultimo ratio” comience a ser protagonista de los debates para relativizar los derechos humanos hasta definirlos como un “estorbo[1]de los intereses nacionales de la seguridad y las guerras contra la delincuencia, drogas y muchas otras, siendo que este discurso pretende deslegitimar los garantías fundamentales, no solo del ciudadano penado o procesado, sino de todo aquel que reclama su espacio de libertad como derecho natural de los seres humanos, la seguridad jurídica solo es fundamental en la medida que sostenga la seguridad ciudadana, perdiendo a toda luz su función garantizadora, no se hable pues de la presunción de inocencia o menos aún de la mínima intervención estatal, fundamentos de los estados modernos y de las constituciones liberales de los siglos de las luces, el problema más evidente y preocupante como jurista y criminólogo así como investigador para la paz es que estamos en la línea de retroceder a un estado pre moderno donde la libertad solo puede estar en manos de pocos y ante esta molesta realidad, nuestro deber es hacer la denuncia para que los derechos humanos sean GARANTIZADOS plenamente por los Estados democráticos.

Cuando se norma para castigar y cuando se castiga como norma general, todo nuestro sistema de libertades y nuestros derechos humanos están seriamente en juego pues el Estado excede los límites del contrato social y al ejercer el monopolio de la fuerza (la misma que es ejercida por personas reales con intereses propios) le entregamos el poder sobre lo más preciado que tiene el ser humano su vida, para apoyar tal afirmación cito:

El derecho habla y cuando habla, no lo hace como todos nosotros –no es nuestro par, no es un igual– sino que, reclamando nuestra representación, se auto-asigna el poder de poner en marcha el aparato de la coerción estatal“. [ii]

La afirmación del profesor Gargarella es contundente, por lo tanto, cuando la normatividad se ajusta a este discurso violento cedemos nuestras libertades y le damos mayor poder al estado- entiéndase gobernante de turno- a imponerse sobre nuestras garantías básicas.

Las cámaras, asambleas y en general todo aparato legislativo debería ser nuestra primera línea de defensa ante el amenazante problema de exceso punitivo, sin embargo, lastimosamente al ser órganos de carácter político las medidas “populares” tienen que tener una respuesta positiva ante la amenaza construida por el discurso, los legisladores en muchas ocasiones se han convertido en los mejores voceros y repetidores del “perorata del miedo” y de “primero la seguridad frente a los derechos humanos” quedando en manos de la justicia el destino de esta nueva normatividad inquisidora.

La administración de justicia, no los juristas y criminólogos que estamos llamados a ser defensores de la justicia y no solo de leyes, por su parte es incapaz de responder pues debe ejecutar las leyes que se crean sin razonamiento o debate legislativos, recordemos que la mejor arma de este tipo de gobernanza siempre es la “emergencia” lo que hace que las leyes nunca cumplan el proceso de la teoría de la legislación y una debida y democrática  discusión parlamentaria, sin embargo, esto presenta dos retos, uno, que la justicia penal no está en capacidad de resolver toda la cantidad de procesos que le cargan día a día, menos aún los derivados de problemas sociales que terminaron en normas penales y, dos, la permanente injerencia de los poderes públicos y medios de comunicación  tipo -bullyng mediático y políticos- que se hacen a los jueces cuando sus decisiones responde a la justicia y no a la propaganda penal. Como vemos cuando la ley habla es violenta y es más violenta cuando no es producto de la razón sino del miedo, dejando más problemas que soluciones reales.

Para reafirmar lo expuesto y su gravedad cito un extracto de informe anual del año 2017 de la Organización Hunan Wright Wacht en donde se lee: “Los derechos humanos existen para proteger a las personas de los abusos y el desamparo de los gobiernos. Los derechos limitan lo que un Estado puede hacer e imponen obligaciones con respecto a cómo debe actuar. No obstante, en la actualidad, una nueva generación de populistas está malogrando estas garantías. Pretendiendo hablar en nombre del “pueblo”, consideran a los derechos un impedimento para lo que ellos entienden como la voluntad de la mayoría, un obstáculo superfluo que se interpone a la defensa de la nación frente a las amenazas y los males que supuestamente se ciernen sobre ella. En lugar de aceptar que los derechos protegen a todas las personas, los populistas privilegian los intereses declarados de la mayoría y alientan a la población a adoptar la peligrosa creencia de que ellos mismos nunca necesitarán hacer valer sus derechos frente a un gobierno avasallante que afirma estar actuando en su nombre[iii]. (Las cursivas, las negrillas y subrayado es mío)

Para ir concluyendo con este punto podemos resumir que el populismo penal refuerza un modelo autoritario de gobierno o dicho de otra forma “gobernar por medio del delito”, que en este modelo se limitan las libertades de los seres humanos al tener que ceder desde su privacidad personal so pretexto de la seguridad pública, además este tipo de políticas cuando se convierten en normas jurídicas la relación de igualdad entre el Estado frente al ciudadano llano desaparecen, se pone en riesgo el derecho humano a la vida pues sin duda alguna no solo se contempla la posibilidad de ir a la cárcel por casi cualquier causa sino que se otorga el derecho al Estado para que a discrecionalidad se use la fuerza letal, también, se pone en riesgo la seguridad jurídica pues las garantías procesales derivadas de los derechos humanos está siendo degradadas como una cuestión superficial y como un verdadero obstáculo en el supuesto desarrollo de la justicia y la seguridad ciudadana, en resumen, se pone de manifiesto que los estados donde imperan estos discurso del miedo no se van a respetar los derechos humanos y eso en sí pone en serias dudas la democracia y la paz ciudadana, creo que el discurso del populismo penal es en sí la verdadera amenaza mundial.

Creo que debemos regresar la mirada a Becaria cuando expresa “Hay que tener cuidado porque no es verdad que los castigos más crueles consigan algún efectivo. A medida que los castigos son más crueles, los hombres se endurecen y para que una pena obtenga su efecto basta, y esto es necesario tenerlo presente, que el mal sea superior al bien que sale del delito”   Es hora de poner el dedo en la llaga y denunciar la tendencias involutivas que aquejan a este populismo penal y así “sirva para que algunos fijen su atención en estos problemas y para despertar algunas consciencias que en los últimos años parecen haber perdido una parte de su capacidad para enfrentarse críticamente con la realidad que nos rodea“.[iv]

3.- LA PRISIONES Y LAS PENAS.-

Como el problema carcelario es tan grande en el mundo y es imposible abarcarlos todos, intentaré ejemplificarlo con algunos informes acerca de la violación de los derechos humanos en Latinoamérica, se verificará de los extractos de dichos informes la situación del preso que, corre no solo entre la vida y la muerte, entre comer o no, acceder al agua o morirse de sed, menos aún hablar de atención sanitaria o de salud, evidenciamos una hipocresía en cuanto a un rígido control de los derechos humanos para emitir sentencias pero un completo desinterés en que esa sentencia tenga un propósito ulterior y menos aún que el condenado sea tratado como un ser humano, es así que un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denominado “Informe sobre Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas del año 2011” en el apartado “El principio del trato humano” explica las obligaciones de los Estados frente a la situación de ser humano del preso y como debe ser tratado en su internamiento, veamos lo que indica numerales  67 y 68:

El derecho de las personas privadas de libertad a recibir un trato humano mientras se hallen bajo custodia del Estado es una norma universalmente aceptada en el derecho internacional. En el ámbito del Sistema Interamericano este principio está consagrado fundamentalmente en el artículo XXV de la Declaración Americana, que dispone que “[t]odo individuo que haya sido privado de su libertad […] tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.  Además, el trato humano debido a las personas privadas de libertad es un presupuesto esencial del artículo 5, numerales 1 y 2, de la Convención Americana que tutela el derecho a la integridad personal de toda persona sujeta a la jurisdicción de un Estado parte. 

Además, como ya se mencionó, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas se sustentan en la idea fundamental de que: Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.    En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad (Principio I)”[v]. (Las cursivas, lo subrayado es mío)

Según el informe citado en estos países el preso o condenado no pierde la calidad de ser humano mientras se encuentra en custodia del Estado para el cumplimiento de una condena o en espera de juicio, es más del extracto (lo cual se puede ampliar si se revisa el informe) se evidencia que los Estados han suscrito las convenciones e instrumentos de derechos humanos y que dicha normativa es parte de sus Constituciones referente a el trato HUMANO al preso según estas mismas normas internacionales de derechos humanos que posteriormente son parte de su ordenamiento jurídico, por lo tanto, tendríamos que concluir que las cárceles aunque nunca serán un paraíso deberían cumplir con ciertas medidas para GARANTIZAR los derechos naturales de los seres humanos preso o condenados, sin embargo, nada más lejos de la verdad, ya que, como se cita a continuación ninguna de estas garantías se cumple, veamos en el mismo informe la parte de sus “conclusiones”:

“610. La CIDH observa que uno los problemas más graves y extendidos en la región es precisamente la falta de políticas públicas orientadas a promover la rehabilitación y la readaptación social de las personas condenadas a penas privativas de la libertad.[2]

611. A este respecto, la CIDH subraya que la condición fundamental para el logro de los fines de la pena es que el Estado, como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, adopte las medidas necesarias para respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos, y asegure condiciones de reclusión compatibles con su dignidad humana. (…) o en los que el Estado no provee condiciones mínimas de espacio, alimentación, higiene y atención médica.

612. Otra grave deficiencia estructural que obstaculiza la implementación efectiva de cualquier sistema de actividades para los reclusos, es la sobrepoblación. La masificación de los sistemas penitenciarios impide el acceso de la mayor parte de los reclusos a las –generalmente pocas– oportunidades de trabajo y estudio, imposibilitando su adecuada clasificación

693; lo que genera una situación de hecho contraria al régimen establecido por el artículo 5.6 de la Convención. Por lo tanto, el logro de la finalidad esencial de la pena mediante el tratamiento penitenciario adecuado, presupone necesariamente erradicar la sobrepoblación y el hacinamiento.

613. Si los Estados no garantizan condiciones mínimas en las que se respeten los derechos humanos de los reclusos, y no destinan los recursos suficientes que posibiliten la implementación de estos planes y proyectos, no tendría ningún efecto práctico relevante el que el ordenamiento jurídico –y el discurso político– se refiera a la readaptación social y la rehabilitación como fines del sistema penitenciario. Por lo tanto, el primer paso de toda política integral diseñada por el Estado para el cumplimiento de los fines de la pena, debe dirigirse primero a hacer frente a las deficiencias estructurales”[vi] (Las cursivas son mías)

Imagen 1.-[vii] se puede verificar los niveles de hacinamiento que se viven en la cáceles latinoamericanas en donde es imposible pensar que en esa situación exista un reconocimiento a dignidad humana y los derechos humanos, aunque como vemos el informe de CIDH es del 2011 esta penosa realidad y tortura es común  en casi toda Latinoamérica en la actualidad.

Imagen 2.[viii] En esta foto se verifican las consecuencias del discurso populista penal según Elena Azóala, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) de México, la población carcelaria en Latinoamérica aumento en un 100 por ciento entre los años de 1992 al 2012.[3]

Como vemos del informe transcrito y sus conclusiones, las cárceles Latinoamericanas no proveen un fin ulterior a la pena, los privados de la libertad son sujetos a los que la protección de su vida se les ha privado, por un lado debido a un alto índice de corrupción en los sistemas penitenciarios y por otro lado por ser usados por las mafias internas que controlan las cárceles, es así que muchos son obligados a trabajar para ellos, a pagar por su seguridad a comprar un espacio para dormir y descansar, a más de la violencia interna que se vive por el control de los territorios y las personas de estos centros de internamiento, por último, el acceso a servicios sanitario, alimentación, acceso al agua, entre otros elementos básicos para la vida que están ausentes o no son negados por falta de recursos económicos para su debida atención, pese a esto, es decir, a que es una clara violación a los derechos humanos mínimos, los discursos políticos incitan a aumentar las penas y a que se ejecute con esta crueldad, lo cual es irracional ya que estas no son cárceles sino campos de torturas llamados prisiones.

Para actualizarlo un poco el informe del 2011 quisiera recoger una noticia del diario El Comercio de Ecuador en donde se indica: “11 presos han muerto en 8 cárceles este 2018” de fecha 11 de junio del 2018, lo que trato de explicar con esta nota es que en Ecuador y en muchos lugares del mundo no se puede garantizar la vida de las personas privadas de la libertad, por lo que resulta una verdadera necedad insistir en el discurso punitivo, entre las causas de la muerte de estos individuos la nota recoge otras violaciones a los derechos humanos que voy a enumerar: hacinamiento, empeño (modalidad de extorsión de un preso perteneciente a una mafia criminal sobre otro), abusos de las autoridades y excesiva represión y uso de la fuerza, ataque en defensa propia, cárceles sin sistemas de seguridad, falta de capacitación de las fuerzas de seguridad y personal administrativo de las prisiones, violaciones sexuales, suicidios entre otros.

Imagen 3.-[ix] Foto de una cárcel de Ecuador en momentos en que las fuerzas policiales, que no son parte del sistema penitenciario torturan y golpean a los presos en una requisa, estos procedimientos son muy comunes, lo digo por experiencia por haber sido Director de una cárcel y teníamos constantes discusiones sobre este tipo de abusos.

 Imagen 4.-[x] Acto de protesta de prisionero extranjero en Cárcel Regional de Guayaquil, abril de 2015.Comité de Familiares “Unidas somos más”.  Foto: CDH


Para el jurista y reconocido criminólogo Eugenio Zaffaroni, “la Criminología no puede entenderse sin que su objeto de estudio aborde las relaciones de poder, como se puede ver en mis líneas anteriores concuerdo con él y agrego que ni el derecho (en especial los humanos y el penal) ni la propia criminología deben legitimar el exceso de punición, las garantías de los procesos sociales y jurídicos deben y están obligadas a hacer precisamente lo contrario: limitarlo, para tener sociedades horizontales donde el goce de los derechos humanos sean plenamente ejercidos.

En la misma línea Zaffaroni nos dice “que la ciencia criminológica como un saber o conjunto de conocimientos que nos permite explicar cómo operan los controles sociales punitivos de nuestro margen periférico, que conductas y actitudes promueven, qué efectos provocan y cómo se los encubre en cuanto ello sea necesario o útil para proyectar alternativas a las soluciones punitivas alternativas menos violentas que las existentes y más adecuadas al progreso social”[xi], al igual que Zaffaroni considero que existe un ejercicio del poder selectivo, que la violencia se reproduce, que existe un condicionamiento de mayores conductas lesivas, que al menos en los sistemas de justicia latinoamericanos existen una terrible corrupción institucional, la verticalización social y la destrucción de las relaciones horizontales o comunitarias, concuerdo en deslegitimar el sistema penal, este se ha convertido en una guerra, es un “hecho de poder real”, que no podemos hablar de paz sin que la garantía de la mínima intervención estatal sea una realidad. Mi pensamiento es que la “pena” es una violencia en todo el significado de la palabra y que es hora de llenar este vacío desde la ciencia para la paz respetando y haciendo respetar la garantía, goce y efectividad de los derechos humanos.

4.- Conclusiones:

Es evidente que estamos ante una grave crisis de los derechos humanos y este problema se debe a la progresiva y expansiva ola del denominado “populismo penal o punitivo”, que este mismo discurso va ganando terreno frente a las libertades individuales gracias a la exacerbación de los miedos, la idealización de un sistema de seguridad por encima de la vida y las libertades ciudadanas, que este discurso encuentra gran replica por parte de los medios de comunicación que de forma irresponsable inundan nuestra vida cotidiana con escenas de violencia, que existe una crisis legislativa ante la fuerza de estos discursos que debiendo ser el poder garantizador del Estado de Derecho actúa contrariamente  y lejos de limitar el uso del control social por medio del delito refuerza con normas punitivas y aumenta los años de cárceles o manda a prisión por cualquier cosa incluso de penas cortas e innecesarias, y es más se han unido a este sistema dejando la normatividad a merced de –gobiernos de turno- para hacer con las libertades y los ciudadanos casi todo; pero lo más grave y denunciable es la deslegitimación sistemática de los derechos humanos como verdaderos obstáculos a la justicia y la seguridad de las personas, ejemplos como los de Estados Unidos, Filipinas, Brasil e incluso Ecuador dan una buena base para afirmar que existe un verdadero discurso paralelo en contra de toda la doctrina, tratados y declaraciones de los Derechos Humanos lo cual no sólo es lamentable sino muy peligroso para la democracia, la paz y todo lo que ellas representan.

 Por otra parte, la pena que en el estado liberal moderno buscaba fines ulteriores como son la resocialización, rehabilitación y reintegración del condenado y así legitimaba la existencia de la pena y el derecho del Estado para usar su monopolio de la fuerza para apresar, lo que está ocurriendo es que estos principios han perdido sentido práctico y filosófico-político, ahora las cárceles se han convertido en cualquier cosa menos en lugares de corrección, en este sistema perverso lo importante es tener presos no importa si están hacinados, comidos o seguros, la violación a los derechos humanos en las prisiones es brutalmente evidente y deshumanizador, aquí no solo se construye un discurso de desplazamiento de los derechos humanos sino que el mismo se ejecuta día a día.

Este ensayo no dice nada nuevo, pero si intenta rescatar algo, la pena tiene que tener un sentido y significado sino la fundamentación de entregarle el monopolio de la fuerza a los Estados se queda sin razón y objeto, evidenciando, demostrando y denunciando podemos tener conciencia de lo que pasa en el mundo, no solo donde existen conflictos armados hay violaciones de los derechos humanos fundamentales en países en donde en teoría hay paz, debemos tener presente que estos mismos horrores están en el patio trasero de nuestros países, los derechos humanos son precisamente el camino ya trazado por la historia y la humanidad para cambiar estas realidades perversas, nuestro deber como investigadores para la paz, en mi caso también como penalista y criminólogo, es la demanda mediante un discurso paralelo de obligación y protección del ciudadano para exigir la GARANTIA PLENA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE TODOS LOS SERES HUMANOS, pues sin duda alguna cuando dejo que se viole un derecho a una persona, no importa su condición o que clase social tiene, le doy permiso al estado punitivo para violar los derechos de todos nosotros, debemos defender la vida, la libertad y la paz, solo así encontraremos eso que llamamos JUSTICIA, cierro con la siguiente cita:

“Por nuestras cárceles, tan solo los multiplicamos y los empeoramos. Por nuestros agentes de policía secreta, nuestro -precio por la sangre-, nuestras ejecuciones y nuestras prisiones, propagamos en la sociedad una corriente tan terrible de las pasiones y odios más bajos, que el que se diera cuenta de los efectos de estas instituciones en toda su extensión tendría miedo de lo que la sociedad está haciendo bajo el pretexto de mantener la moralidad. Es absolutamente preciso que busquemos otros remedios”

 Piotr Kropotkin

4.- BIBLIOGRAFÍA:

1- Amnistía Internacional Filipinas: La difamación de los derechos humanos por Duterte, una “clásica táctica de distracción”.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/filipinas-la-difamacion-de-los-derechos-humanos-por-duterte-una-clasica-tactica-de-distracci/

2.- https://www.elperiodico.com/es/internacional/20181029/frases-jair-bolsonaro-7115801

3.- El discurso que justificó una “masacre” política 27 de febrero de 2012 – 00:00. Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/actualidad/1/el-discurso-que-justifico-una-masacre-politica

4.- Manual del Derecho Penal. Parte General. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro, Editorial Sociedad Anónima Editora. Buenos Aires, 2011.

5.- Problemas Criminológicos en las Sociedades Complejas; Coordinadoras: Mirentxu Cordoy Bidasolo y Carmen Ruidiaz García. Editorial: Universidad Pública de Navarra.

6.- Gobernar a través del Delito. Autor: Jonathan Simon .Editorial Gedisa. Oxford University Press Inc.

7.- El Nuevo Derecho Penal. Autor: Gerardo Landrove Díaz. Tirant Monografías 639.

8.- Informe sobre Personas Privadas de Libertad en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de Estados Americanos 31 de diciembre del 2011.

9.- El derecho y el castigo: De la injusticia penal a la justicia social. Roberto Gargarella.

file:///C:/Users/Windows%207%20Home%20Pre/Desktop/MASTER/notas%20tcm/Gargadella.pdf

10. – Kenneth Roth, Executive Director, Organization Human Wright Watch: Informe 2017. El peligroso avance del populismo: Ataques globales a los valores de derechos humanos.

https://www.hrw.org/es/world-report/2017/country-chapters/298722

11.- Populismo y castigo Pena. Autoría: Romina Frontalini Rekers.

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2012/10/doctrina34815.pdf

12.- Revista de Humanidades. Numero 20. Enero-Diciembre 2013. Foucault, cárcel y mujer: el conflicto de la reincidencia. Francisco Jiménez Bautista y Francisco Jiménez Aguilar.

http://www.revistadehumanidades.com/articulos/42-foucault-carcel-y-mujer-el-conflicto-de-la-reincidencia

13.-  Revista de Derecho UNED, núm. 14, 2014. EXCLUSIÓN SOCIAL Y CRIMINALIDAD SOCIAL EXCLUSION AND CRIMEN: Dolores Serrano Tárraga.


[1]  Aquí Algunos ejemplos: A)  Filipinas: La difamación de los derechos humanos por Duterte, una “clásica táctica de distracción”: “Difamar a los grupos de derechos humanos es una táctica de distracción clásica de los autores de abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. La bravuconería, el derramamiento de sangre y las amenazas a quienes lo critican han caracterizado hasta ahora la presidencia de Rodrigo Duterte. Por desgracia, cuando comienza su tercer año en el poder, parece que la población filipina se enfrenta a más de lo mismo”. B) Jair bolsonaro, Presidente de Brasil: El error de la dictadura fue torturar y no matar”. “Hay que dar seis horas para que los delincuentes se entreguen. Si no, se ametralla el barrio pobre desde el aire “y C) Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, Ecuador: en un discurso como Gobernador en 1985 ““Ustedes, policías, tienen órdenes precisas, claras; tenéis el respaldo moral, legal y económico del Gobierno (…) Usad las armas porque están facultados para ello. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos, pero por los derechos humanos de los asesinos, de los delincuentes, de los terroristas, de los violadores y de los secuestradores (…) Porque si una mínima porción, ínfima porción, la porción podrida de la sociedad, tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida” , quiero agregar que el antes Gobernador es el actual Alcalde de la Ciudad por casi 20 años  y utiliza el mismo discurso para gobernar a través del delito y es probablemente un candidato a la presidencia del país. Podríamos usar otros ejemplos como la narrativa de Trump o los discursos de derecha de Europa, pero considero que el punto ha quedado bastante claro, para este tipo de políticos y políticas los derechos humanos son una amenaza a su estilo de gobierno.

[2][2] Como hemos venido afirmando no se busca un fin ulterior a la pena, base fundamental del derecho del Estado para justificar las medidas de corrección en las prisiones.

[3] La investigadora, con más de 30 años de experiencia en estudios relacionados con las cárceles, la criminalidad y la violencia en México, presentó este día el estudio “Situación de las Prisiones en América Latina”. Explicó que en las cárceles de México y el resto de América Latina se ha incrementado “aceleradamente la población penitenciaria” debido al endurecimiento de las penas, el incremento de los delitos graves, la duración de los procesos judiciales, el abuso de la prisión preventiva y la falta de medidas alternativas. De acuerdo con la especialista, en números absolutos Estados Unidos tiene la mayor población de presos en el mundo con más de dos millones, seguido por China con 1,6 millones, Rusia con 700.000, India con 670.000, Brasil con 550.000 y México con 260.000 reclusos. Fuente. El Espectador edición digital, nota de fecha 25 de febrero del 2015. El artículo tiene como título “Sobrepoblación, principal problema en cárceles de A. Latina, según estudio”


[i] Gobernar a través del Delito, Jonathan Simon, Editorial Gedisa, Oxford University  Press, Inc. páginas 36 y 37.

[ii] Roberto Gargarella. El derecho y el castigo: DE la injusticia penal a la justicia social,

file:///C:/Users/Windows%207%20Home%20Pre/Desktop/MASTER/notas%20tcm/Gargadella.pdf

[iii] Kenneth Roth, Executive Director, Organization Human Wright Watch: informe 2017. El peligroso avance del populismo: Ataques globales a los valores de derechos humanos.

https://www.hrw.org/es/world-report/2017/country-chapters/298722

[iv] Francisco Muñoz Conde, Prologo del Libro “El nuevo derecho penal” Gerardo Landrove Díaz.

[v] Informe de los Privados de Libertad en las Américas  2011, página 24 y 25

https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf

[x] Imagen tomada: Sistema penitenciario ecuatoriano del siglo XXI: guetos de tortura, asesinatos, aislamiento y olvido, Análisis de Mónica Vera Puebla, INREDH

[vi] [vi] Informe de los Privados de Libertad en las Américas  2011, página 230 y 231

https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf

[vii]Imagen tomada en:  https://listas.20minutos.es/lista/cual-es-la-carcel-o-penal-mas-peligroso-de-latinoamerica-244060/

[viii] Imagen tomada de: https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/sobrepoblacion-principal-problema-carceles-de-alatina-s-articulo-557799

[ix] Imagen tomada: Sistema penitenciario ecuatoriano del siglo XXI: guetos de tortura, asesinatos, aislamiento y olvido, Análisis de Mónica Vera Puebla, INREDH

https://www.inredh.org/index.php/archivo/derechos-humanos-ecuador/926-sistema-penitenciario-ecuatoriano-del-siglo-xxi-guetos-de-tortura-asesinatos-aislamiento-y-olvido

https://www.inredh.org/index.php/archivo/derechos-humanos-ecuador/926-sistema-penitenciario-ecuatoriano-del-siglo-xxi-guetos-de-tortura-asesinatos-aislamiento-y-olvido

[xi] Manual del Derecho Penal. Parte General. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro, Editorial Sociedad Anónima Editora. Buenos Aires, 2011.

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